El inversionista requiere de seguridad jurídica y para eso es necesario que el gobierno demuestre seriedad en la toma de decisiones. La seguridad jurídica que mantuvo a flote la democracia el 28 de Junio de 2009, deberá ser el objetivo del gobierno de Lobo Sosa en puntos sensitivos de nuestra nación, como son las áreas agrícolas donde los empresarios están generando miles de puestos de trabajo.
La consolidación del sistema democrático hondureño ha servido para que la comunidad internacional reafirme su confianza en nuestro país, donde los inversionistas podrán encontrar una mejor definición de las reglas del juego.
La experiencia del 28 de Junio del año pasado no fue un suceso doloroso común y corriente, por encima de los contratiempos y los sinsabores que ha experimentado la nación, está el reconocimiento de muchos países que admiran la fortaleza y la capacidad de los hondureños para defender la democracia, en la mejor expresión para el mundo entero que las instituciones están capacitadas para ofrecer seguridad jurídica a propios y extraños.
El que se pretendiera sustituir el sistema de vida por un modelo trasnochado que ha demostrado, además del oprobio que encarna el totalitarismo, una completa ineficacia, nos ha hecho ganar en admiración y simpatía en muchos ámbitos del planeta.
No todos los días un pueblo decidido se levanta y le pone un detente a las pretensiones de una expansión continental que tiene mucho respaldo económico a través del petróleo venezolano. Los hondureños lo hicimos a costas de un alto grado de incomprensión de organismos y países que conjugan sus intereses económicos con los políticos, que nos costó muchos meses de aislamiento, pero que valieron la pena si nos remitimos al resultado valioso que significa ese reconocimiento.
Para los hondureños hay un antes y un después del 28 de Junio de 2009, en que mientras se desafiaba a la ley y a nuestras instituciones se le demostró a los autores de este proyecto desafortunado que los hondureños deseamos seguir viviendo en democracia, que en medio de todas sus imperfecciones como sistema sigue siendo el menos malo. Al final, la cosecha de todo ese cultivo se traduce en dos palabras: seguridad jurídica. Ambas tienen ahora un valor inestimable que hemos apreciado en numerosas comitivas de inversionistas extranjeros que están llegando a la capital y otras ciudades manifestando su interés en hacer negocios en nuestro país a raíz de haber descubierto que en ningún otro país se podría invertir contando con una institucionalidad fuerte.
El inversionista requiere de seguridad jurídica y para eso es necesario que el gobierno demuestre seriedad en la toma de decisiones. El gobierno de Porfirio Lobo solo deja un fisura de duda en el nombramiento de César Ham en el Instituto Nacional Agrario, organismo clave para mantener la paz en el agro donde hay cuantiosas inversiones que generan miles de plazas de trabajo, especialmente en momentos en que asoman situaciones conflictivas como la invasión de tierras cultivadas que están cumpliendo su función social.
El estamento jurídico hondureño tiene en ese punto, una nueva prueba que deberá enfrentar si el mencionado funcionario observara un comportamiento contrario a lo que ha expresado el mandatario Lobo Sosa, que es el de mantener la paz y la tranquilidad en el país para garantizar la inversión.
La seguridad jurídica que mantuvo a flote la democracia el 28 de Junio de 2009, deberá ser el objetivo del gobierno de Lobo Sosa en puntos sensitivos de nuestra nación, como son las áreas agrícolas donde los empresarios están generando miles de puestos de trabajo.
